A algunos
alcaldes de la región les sigue costando someterse a cualquier tipo de
fiscalización. El marco legislativo actual obliga a las administraciones
locales a remitir al Tribunal de Cuentas, antes del 15 de octubre del
año posterior, toda su información contable: la Cuenta General –en la
que se informa de los gastos, ingresos, beneficios y pérdidas–, el
balance de patrimonio y la liquidación del presupuesto, entre otros
documentos. Según el informe relativo a la fiscalización del sector
público en 2012, el tribunal de Cuentas informa de que hasta 27 de los
179 ayuntamientos madrileños no han hecho los deberes. Ello significa
que el 85% de los ayuntamientos –cuya población equivale al 93% de los
6.498.560 habitantes de la Comunidad– sí ha cumplido. El Tribunal
destaca que dos consistorios con más de 50.000 habitantes, Leganés,
Aranjuez y Rivas Vaciamadrid, se encuentran en el listado de estos
consistorios. Además de estos dos grandes municipios, también están
incluidos en el apartado «relación de entidades locales con cuentas
pendientes de rendición» en 2012 Brunete, Cadalso de los Vidrios,
Carabaña –que tampoco ha remitido las de 2011–, Cenicientos,
Colmenarejo, El Atazar –sólo 2011–, Estremera, Fresno de Torote –2011 y
2012–, Garganta de los Montes, Griñón –2011–, Horcajuelo de la Sierra
–2011–, Moraleja de Enmedio, Navalagamella –2011 y 2012–, Navalcarnero
–2011 y 2012–, Pinto –2010 y 2011–, Pozuelo del Rey, San Fernando de
Henares –2011 y 2012–, San Martín de la Vega, Torrejón de la Calzada
–2011 y 2012–, Torres de la Alameda –2010 y 2011– y Valdarecete –2011 y
2012–. Completan el listado cuatro municipios que no han remitido
cuentas de los tres últimos ejercicios, es decir, 2010, 2011 y 2012. Son
Villaconejos, Valdelaguna, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle.
En
reiteradas ocasiones desde el Tribunal de Cuentas se ha insistido en la
necesidad de reformar la Ley para que la rendición de cuentas fuera un
«requisito indispensable» para que las entidades locales puedan acceder a
concesión de ayudas y subvenciones públicas, tras constatar que el 35%
no presenta sus cuentas generales en el plazo legalmente establecido.
Asimismo,
el informe del Tribunal de Cuentas enumera los ayuntamientos que se
encuentran en una situación contable deficitaria corto plazo. Se trata
de consistorios con balance negativo en el remanente de tesorería y
cuyos los equipos de gobierno locales «han gastado parte de los recursos
a finalidades distintas de las que debían aplicarse agravando con ello
la situación de solvencia». De entre los municipios de toda España con
una situación más precaria en este terreno, el informe pone el acento,
además de en La Línea de la Concepción, en Parla, en el que el remanente
de tesorería negativo es de 1.334,57 euros por habitante. Entre los
consistorios de población inferior a 50.000 personas, el informe recoge
el caso de El Álamo, con un remanente de tesorería negativo de 1.564
euros por vecino.
El informe también recoge que otras entidades
dependientes de las administraciones públicas no han remitido sus
cuentas en los últimos ejercicios. Se trata, por ejemplo, de 20
mancomunidades, de entre las que destacan, por no haberlo hecho en
ninguno de los tres últimos años, las de Ciempozuelos-Titulcia, Consumo
Henares-Jarama, El Alberche, Embalse del Atazar, Las Vegas, Medio
Ambiente de Fresnedillas de la Oliva y Zarza, la mancomunidad para el
Abastecimiento de Agua Potable del Río Tajo, Servicios Sociales 2016 y
Sierra del Rincón. En lo que afecta a las empresas públicas
incumplidoras, el informe destaca la Empresa Municipal de la Vivienda de
Rivas-Vaciamadrid o la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de
Henares. Otro caso significativo es el de Ciempozuelos, el único
municipio con tres empresas públicas con información contable sin
remitir: Desarrollo Socioeconómico y Fomento del Empleo, Empresa
Municipal de Fomento y Desarrollo de Ciempozuelos y la Empresa Municipal
de la Vivienda.
El Gobierno ripense, también en el punto de mira de la Cámara de Cuentas
El
nombre de Rivas-Vaciamadrid también es mencionado en el informe
publicado por la Cámara de Cuentas en torno al cumplimiento de la Ley de
Contratos. Y pone el foco en las posibles irregularidades cometidas por
la polémica Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas, origen de la
«guerra civil» que dinamitó hace meses a Izquierda Unida y que terminó
saldándose con la dimisión del alcalde José Masa, al que sustituyo en el
cargo su rival Pedro del Cura. En el mencionado informe, la Cámara de
Cuentas se muestra especialmente dura hacia la empresa municipal al
referirse al umbral máximo de las adjudicaciones directas: las obras por
debajo de 149.000 euros se adjudicarán, como contratos menores, por
adjudicación directa. Sin embargo, la Ley para las Administraciones
Públicas establece que este tope es tres veces inferior, es decir, que
las obras superiores a los 50.000 euros no se pueden adjudicar de forma
directa. La gravedad de este incumplimiento radica en que todos los
contratos por debajo de 149.000 euros fueron «directamente adjudicados a
la misma empresa».
Fuente: La Razón